La Ley 2573 de 2026 obliga a bancos y operadoras en Colombia a demostrar la validación de identidad para frenar el fraude digital

El Congreso de la República de Colombia sancionó la Ley 2573 del 19 de mayo de 2026, una disposición normativa que transforma los procedimientos de verificación de identidad para las entidades financieras, las firmas de comercio electrónico que otorgan crédito y los operadores de servicios de telecomunicaciones. La norma impone estándares más estrictos para autenticar a los usuarios durante la contratación de productos y establece la obligación legal de conservar evidencias digitales auditables para evitar la suplantación de personas.

En el mercado de telefonía móvil y servicios crediticios en Colombia, es común ver que las personas descubran que son víctimas de suplantación únicamente cuando reciben cobros jurídicos o notificaciones de centrales de riesgo por líneas celulares o préstamos que jamás solicitaron. No es raro encontrar que las víctimas tengan que encarar procesos burocráticos prolongados para demostrar que no firmaron un contrato, por lo que la exigencia legal de trasladar la carga probatoria hacia las empresas puede representar una opción interesante para equilibrar la protección del consumidor frente a los delitos informáticos.

Suspensión inmediata de cobros y traslado de la carga probatoria

El marco normativo introduce cambios sustanciales en el tratamiento de los reportes por falsedad. Una vez que el usuario notifica a la empresa que ha sido víctima de suplantación, la entidad debe suspender de manera inmediata el cobro de la deuda, los intereses moratorios y los gastos de cobranza asociados. Asimismo, la persona debe ser registrada bajo el estado de víctima de falsedad para evitar afectaciones en su historial crediticio.

A partir de la recepción del reporte, la organización dispone de un plazo máximo de 10 días hábiles para responder formalmente a la solicitud entregando una copia completa del expediente de validación de identidad utilizado durante el alta del servicio. Si la entidad no suministra las evidencias técnicas dentro de ese lapso, la ley establece que se darán por ciertos los hechos denunciados por el ciudadano. Esta dinámica, conocida como carga dinámica de la prueba, obliga a las instituciones a demostrar documental y digitalmente que autenticaron de forma correcta al solicitante antes de autorizar el producto.

Estadísticas de reclamaciones y el rol de las telecomunicaciones

La implementación de la Ley 2573 responde a un volumen recurrente de denuncias por fraudes de identidad en el país. Según registros oficiales de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), entre el año 2022 y mayo de 2026 se contabilizaron 13.983 reclamaciones formales por suplantación de identidad en el territorio nacional.

El desglose de los datos recopilados por la entidad fiscalizadora evidencia la concentración del fenómeno:

  • Sector de telecomunicaciones: acumuló 11.365 reclamaciones en el periodo reportado, cifra que equivale al 81 % del total de las quejas radicadas ante la SIC.
  • Denuncias ante la Delegatura de Datos: desde 2020 hasta la fecha, la Delegatura para la Protección de Datos Personales ha recibido 40.316 denuncias ciudadanas vinculadas al uso no autorizado de información personal.

Adopción de biometría facial y detección de contenido sintético

La entrada en vigor del articulado impulsa la actualización de las plataformas informáticas de vinculación (onboarding) hacia modelos de autenticación biométrica avanzada. Laura Echeverría, Chief Legal Officer de la firma de seguridad digital OlimpIA, indicó que la reglamentación desplaza el enfoque reactivo de las organizaciones, obligándolas a probar documentalmente la confiabilidad de sus controles de acceso previo a la prestación del servicio.

Para responder a estos requerimientos, las entidades han comenzado a incorporar motores de biometría facial con prueba de vida activa, orientados a neutralizar modalidades de fraude basadas en suplantación por video, fotocopias de cédulas o imágenes estáticas. En este ámbito, voceros de la empresa OlimpIA señalaron que durante el transcurso de 2026 han ejecutado más de 43,5 millones de validaciones de identidad en el país —combinando registros dactilares y faciales— mediante algoritmos diseñados para detectar clonación de imágenes, manipulación facial y contenido sintético generado por herramientas informáticas.

La norma recalca que la prevención del delito digital requiere un esquema de responsabilidad compartida, donde las empresas deben desplegar infraestructura de protección sin fricción y los usuarios deben custodiar sus documentos personales y verificar periódicamente sus reportes financieros. Como parte del debate sobre la aplicación técnica de la Ley 2573, la firma OlimpIA confirmó la realización en septiembre de la segunda edición del foro Next Gen ID 2.0, encuentro académico donde especialistas del sector privado y reguladores analizarán los retos de la identidad digital en Colombia.

Gustavo Torres

Amante de la tecnología con 7 años de experiencia en el cubrimiento informativo de este sector en temas como telecomunicaciones, tecnología de consumo, dispositivos móviles y plataformas en Colombia.

Mi opinión sobre tecnología ha sido tomada por medios como La República o AS. Soy especialista productos de consumo masivo y reviews de hardware. Soy director de tecnogus.com.co

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