La improvisación en Colombia Compra Eficiente pone en jaque servicios digitales del Estado

Desde 2011, Colombia ha sido reconocida a nivel regional e internacional por su modelo de contratación pública digital, caracterizado por la optimización de recursos, eficiencia, planeación técnica y transparencia. Un pilar de ese sistema han sido los Acuerdos Marco de Precios (AMP), desarrollados por la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente (CCE), que permiten a las entidades estatales adquirir bienes y servicios en condiciones favorables gracias a la agregación de demanda.

Uno de los más emblemáticos ha sido el AMP de Nube Pública, un instrumento esencial que permite el acceso de las entidades del Estado a servicios de nube pública (almacenamiento, infraestructura, soporte, capacitación) de forma estandarizada y competitiva, a través de grandes proveedores globales como Amazon, Google, Microsoft y Oracle.

El 16 de septiembre de 2014 fue adjudicado el primer Acuerdo Marco de Precios (AMP) para servicios de conectividad y centro de datos/nube privada. A partir de ese momento, las entidades nacionales están obligadas a implementar dicho mecanismo en sus compras de tecnología. 

Este mecanismo no solo ha garantizado eficiencia y pluralidad, sino que ha sido clave para sostener la operación digital de entidades como el SENA, el Ministerio de Salud, la Rama Judicial, el Ministerio de Defensa, entre otras. A corte del 31 de diciembre de 2024, el AMP de Nube Pública IV acumulaba:

• 195 entidades compradoras (Nacionales y territoriales)
• 689 órdenes de compra
• $925.867 millones COP transados

En agosto de 2024, la propia CCE anunció que este acuerdo se extendería por 12 meses, con el objetivo de abrir un espacio para trabajar en mesas técnicas y construir con tiempo y calidad la nueva versión del AMP. No obstante, el 23 de septiembre, la agencia revirtió esa decisión sin explicación clara y redujo la prórroga a solo 4 meses, lo cual ha sido considerado por la industria como un tiempo insuficiente para discutir, evaluar y estructurar técnicamente un nuevo acuerdo marco. Posteriormente, se hicieron prórrogas cortas sucesivas, hasta fijar la más reciente para el 9 de junio de 2025. Hasta el 12 de marzo se realizó la primera mesa técnica.

Este manejo generó incertidumbre entre proveedores y gremios, de hecho, en reuniones convocadas por CCE han estado la ANDI, la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones-CCIT, Fedesoft, entre otros. Sin embargo, públicamente se encontró que el 12 de marzo, Santiago Pinzón, vicepresidente de Transformación Digital de la ANDI, anunció que finalmente se había realizado una mesa técnica, luego de varios meses de solicitudes, en la que la industria debía analizar la propuesta presentada por CCE y enviar sus observaciones en un plazo máximo de ocho días, es decir, hasta el 20 de marzo. A través de trinos y declaraciones públicas, Pinzón ha denunciado el riesgo de un freno digital por la forma improvisada y poco participativa con que se está abordando la estructuración del nuevo AMP. Ver trino del 12 de marzo de 2025.

El problema de fondo no es solo técnico o contractual: el Estado colombiano depende de la nube para garantizar el funcionamiento de sus servicios esenciales.

Sin un acuerdo marco debidamente estructurado, existe el riesgo real de:

• Afectar la prestación de servicios esenciales
• Desconectar plataformas institucionales
• Continuidad operativa de entidades públicas
• Protección de datos sensibles
• Exponer al Estado a fallas de ciberseguridad y sobrecostos

La pregunta que hoy debe hacerse el país es:

¿Dónde quedó el principio de planificación, transparencia y optimización de recursos que caracterizó al sistema de compras públicas colombiano desde 2011?

Durante la última década, el país se ha destacado por implementar mecanismos de agregación de demanda innovadores que han sido replicados en toda la región. Sin embargo, la actual administración de Colombia Compra Eficiente amenaza con frenar este avance al gestionar de manera improvisada la renovación del acuerdo de nube pública, vital para la transformación digital del Estado; esto es sin duda paradójico puesto que el propio Banco Interamericano de Desarrollo, resaltó expresamente el modelo colombiano desde junio de 2020 en el reporte titulado “Contratación pública de servicios de computación en la nube: Mejores prácticas para su implementación en América Latina y el Caribe”.

AMP DE NUBE PÚBLICA IV

• Se firmó: 9 de noviembre de 2021
• Vigencia inicial: 3 años, es decir, hasta el 9 de noviembre de 2024
• Se realizó una prórroga por 4 meses hasta el 9 de marzo de 2025
• Se volvió a realizar otra prórroga por 3 meses hasta el 9 junio de 2025.

SITUACIÓN

Problema: Incertidumbre, improvisación, y falta de transparencia y de rigurosidad técnica

La decisión de extender el actual acuerdo por solo tres meses resulta alarmantemente corta cuando la experiencia demuestra que un proceso de renovación serio y estructurado requiere mínimo 6 meses de trabajo técnico detallado. Diversos líderes gremiales han alertado sobre el inminente «freno digital» que esta improvisación podría causar en razón a la afectación operativa de sus actividades misionales y proyectos de inversión que tendrán las entidades públicas de todos los órdenes y niveles al no contar desde el mes de junio con un mecanismo de compra que garantice la continuidad de los servicios al ciudadano y la garantía de derechos.

DETALLE DE LA PROBLEMÁTICA

Desde 2024, la CCE inició la estructuración de un nuevo AMP de Nube, pero lo ha hecho con fallas documentadas:

Ausencia de planeación técnica:

• No se realizaron mesas técnicas abiertas ni ejercicios de evaluación pública de lecciones aprendidas del AMP anterior.
• Las reuniones mencionadas por CCE no han sido documentadas de forma adecuadas y han sido espacios informativos, no mesas de trabajo serias, organizadas ni con participación real de todos los actores.

Falta de transparencia:

• Las decisiones se han comunicado en reuniones virtuales cerradas, sin actas, videos ni publicación de documentos de soporte.
• Se han negado a publicar las presentaciones de PowerPoint utilizadas para “informar” sobre el nuevo modelo.

Cambios inconsultos:

• En el caso del nuevo AMP de Nube, improvisó una reunión de expertos después del cierre del período de observaciones públicas del SECOP, lo cual es contrario al procedimiento esperado.

IMPLICACIONES CONCRETAS DE ESTA CRISIS

Riesgos operativos:

• El último informe de supervisión revela transacciones por más de $925.000 millones en servicios cloud, demostrando la criticidad de estos servicios para la modernización del Estado. La improvisación actual amenaza con revertir años de avance en transformación digital con operadores que han tenido ya más de 10 años de experiencia.
• El impacto potencial es devastador para entidades clave del Estado y para las más de 190 entidades que han utilizado este acuerdo marco. Entre ellas:

• SENA: Con inversiones superiores a $108.000 millones en servicios cloud, se traduce en cerca de 8.000 formaciones técnicas y tecnológicas virtuales activas con más de 1,2 millones de colombianos cada año
• Rama Judicial: La administración de justicia, que ha invertido más de $84.000 millones en digitalización, enfrenta serios riesgos de continuidad operativa en sus más de 50.000 audiencias digitales.
• Ministerio de Salud: Los sistemas de información sanitaria ($67.000 millones en inversiones) podrían verse comprometidos en un momento crítico post-pandemia. El posible freno involucra plataformas cómo SISMUESTRAS y el sistema de vigilancia epidemiológica, esenciales para alertas en tiempo real.
• Ministerio de Defensa: La seguridad nacional está en juego con más de $60.000 millones en infraestructura tecnológica en riesgo.
• Instituto Colombiano de Bienestar Familiar: Permite la colaboración social, atención a usuarios y la administración de la institución.
• Colombia Compra Eficiente: Irónicamente, la propia plataforma de contratación pública ($43.000 millones) podría verse afectada. El SECOP II depende de la nube donde se transan más de 300.000 contratos al año por un valor de 60 billones de pesos.

Riesgos en ciberseguridad

• La ausencia de mesas técnicas especializadas pone en peligro los altos estándares de seguridad característicos de la nube pública.

Impacto social:

• Sin la renovación del acuerdo o sin su prórroga se estaría impactando a aproximadamente 245 jóvenes que han sido contratados por las empresas nacionales que hacen parte del acuerdo marco y 179 personas con discapacidad, según datos de la propia Agencia.

Retroceso en gobernanza digital

• Colombia perdería posicionamiento como modelo GovTech ante OCDE, BID y rankings internacionales si desarticula su sistema de compras públicas en la nube. Además, hoy tenemos serios retos y oportunidades en Inteligencia Artificial y esto depende de la Nube.
• En 2022, Colombia fue reconocida como líder en GovTech en América Latina por el CAF y el BID.
• Colombia ha sido caso de estudio por la OCDE en innovación en compras públicas digitales.
• El ranking GovTech Index de 2020 ubicó a Colombia entre los 5 primeros de América Latina, gracias a instrumentos como el AMP de Nube.
• La transformación digital del Estado colombiano y su posición como referente regional en compras públicas están en juego. La improvisación actual no solo amenaza servicios esenciales para los ciudadanos sino también el prestigio internacional de Colombia en materia de contratación pública innovadora.