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Semana decisiva para el futuro del dominio .CO


Imagen: Fossbytes – 2020

Esta semana, la Ministra de la cartera TIC entrante Karen Abudinen deberá decidir si continúa con la firma del contrato de concesión para la administración del dominio .CO, o si suspende el trámite en atención al llamado de la Procuraduría, ente que inició hace unos días investigación por posibles errores en la aplicación de los pliegos de evaluación durante la audiencia de adjudicación del contrato para su administración

La acción de la Procuraduría se refiere a un error matemático cometido durante esta diligencia el pasado 3 de abril, por la cual se dio como válida la propuesta de Co Internet S.A.S. En la comunicación de la Procuraduría al MinTIC se expone nuevamente el error que el Ministerio ha negado insistentemente.

DotCO, el otro participante en la licitación, interpuso una acción de tutela la cual fue desestimada por la Juez encargada del caso, quien decidió no fallar de fondo por considerar que el problema es de “mera legalidad”, es decir que se refiere a discrepancias en los pliegos de la licitación.

La solicitud de la Procuraduría es previa al nombramiento de la nueva Ministra Abudinen. Su antecesora, Sylvia Constaín, no suspendió el proceso, aplazándolo hasta el 8 de mayo, por lo que esta semana será decisiva para el dominio .CO.

Otros argumentos

Además de la solicitud de Procuraduría, se conoció una carta de parte del Senador del partido Alianza Verde, Iván Name ,solicitando la revocatoria de la adjudicación del proceso. El Senador Name resalta que es impresentable que el Ministerio esté considerando avanzar con un contrato con una empresa que tiene una demanda contra el estado por 350 millones de dólares y que se vendió en su totalidad horas después de la adjudicación. Argumenta el Senador que esto viola los principios de “Transparencia, la debida Lealtad Comercial y las correctas prácticas empresariales” más aun tratándose de una licitación pública. Para el Senador Name “Neustar ha defraudado la confianza de la nación y resulta moral y éticamente impresentable que el Estado continúe con este proceso”.

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